
Santo Domingo, República Dominicana – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia este martes contra Juan Alexis Medina Sánchez, condenándolo a siete (7) años de prisión por su responsabilidad en una red de corrupción administrativa desmantelada en la operación denominada “Antipulpo”.
La decisión judicial dispone que el imputado cumpla la condena en el Centro Penitenciario Najayo-Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Según el expediente del Ministerio Público, Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, lideró una estructura societaria y financiera que se benefició de manera ilícita de contratos millonarios con instituciones estatales, aprovechando influencias políticas y contactos internos para manipular procesos de adjudicación, inflar precios y recibir pagos por bienes y servicios no entregados o sobrevaluados.
Durante el juicio, que se extendió por varios meses, los fiscales especializados en persecución de la corrupción presentaron pruebas documentales, testimoniales y periciales que demostraron la creación de un entramado de empresas de carpeta, usadas para canalizar fondos públicos hacia cuentas privadas.
El tribunal también ordenó el decomiso de bienes muebles, inmuebles y activos financieros vinculados a las actividades ilícitas de la red, así como el pago de una indemnización económica al Estado dominicano como reparación por los daños causados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) valoró la sentencia como un paso importante en la lucha contra la impunidad, aunque adelantó que seguirá presentando recursos y casos relacionados a la red para garantizar que todos los involucrados respondan ante la justicia.
El caso “Antipulpo” se convirtió en uno de los expedientes más emblemáticos de los últimos años en República Dominicana, no solo por la magnitud de los recursos desviados, sino también por la participación de figuras cercanas al poder político de la pasada administración.
Con esta decisión, las autoridades reiteran su compromiso de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.